Juan Pablo Guanipa: ¡Así no!

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Aunque siempre tuvimos pocas expectativas con respecto a las negociaciones de República Dominicana, también mantuvimos la esperanza de que se lograra un acuerdo que permitiera las condiciones necesarias para que el pueblo, libremente, decida su destino.

No comparto la opinión, bastante difundida en el país, de que con dictadura no se habla. Nuestro país está secuestrado y si es necesario hablar con los secuestradores para liberarlo, hay que hacerlo.

Soy de quienes piensan que todas las diligencias que puedan hacerse para librarnos de esta tragedia, deben hacerse. Aspiro no estar nunca entre los que desean el fracaso de una gestión para luego decir que tenían razón sin ofrecer alternativa alguna.

Reivindico la decisión de la oposición de buscar una solución negociada a la crisis que atravesamos. Reconozco todos los esfuerzos de la delegación encabezada por Julio Borges. Se hizo política de altura, pero no hubo un interlocutor serio. Que ese acuerdo no haya sido concretado es una mala noticia para el país.

¿Por qué no se firmó el acuerdo? Porque no establecía las condiciones mínimas requeridas para lograr un proceso electoral justo y transparente.

Es necesario recordar que ante la negativa del Gobierno de abrir un canal humanitario para paliar el hambre y la enfermedad en nuestro país, de reconocer la Asamblea Nacional, entre otros temas de interés, toda la discusión se redujo a las condiciones electorales, lo cual es fundamental si ubicamos todos los problemas económicos y sociales en las decisiones políticas de un gobierno dictatorial que ha convertido todo en tragedia.

La Constitución establece que no pueden modificarse normas electorales durante los seis meses anteriores a la respectiva elección. La ley electoral establecía que la convocatoria a un proceso debía darse con por lo menos seis meses de antelación. Esa disposición, sensata por demás, fue eliminada con la intención de dejar esa decisión a la discreción de un ente electoral sumiso.

Hoy, sin reglas claras y sin condiciones adecuadas fijan un proceso presidencial con un poco más de dos meses de antelación, haciendo de esta manera imposible que las condiciones permitan el ejercicio de los derechos ciudadanos de cada venezolano.

En definitiva, el régimen aspiraba que la oposición firmara un acuerdo que legitimara una elección fraudulenta que le diera un triunfo a Maduro sin votos suficientes.

A eso se reduce lo que aspiraba esta gente, a la inmoralidad de pretender que aceptáramos un convenio chucuto que viola los derechos electorales de los venezolanos. El acuerdo pretendía una fecha electoral inadecuada, una conformación del CNE inadecuada y condiciones inadecuadas. Así no podía ser firmado.

Luego de la decisión opositora de no firmar, casi inmediatamente, con el cinismo que la caracteriza y sin el menor rubor por todo el daño que le ha hecho al país, la señora Lucena anunció la fecha y el cronograma y dio inicio a lo que está acostumbrada a llamar “la fiesta electoral”.

 Con toda responsabilidad le digo a Tibisay, a las tres rectoras que le sirven de cómplices, a Maduro y a quienes lo acompañan que aquí no habrá ninguna fiesta electoral. ¡Así No! Nuestra patria está viviendo su peor hora y la gran mayoría de los venezolanos tenemos la responsabilidad de estar a la altura del momento que atravesamos.

Acompaño la propuesta de creación de un frente amplio, político y social, que combata articuladamente a esta dictadura, que elija un líder y un plan que encarne el anhelo de cambio que tiene el país.

Ese líder debe estar por encima de las aspiraciones personales y del derecho que puede tener un dirigente o un partido político de tratar de hacer valer su posición. Es necesario que tomemos conciencia y miremos a nuestra patria enferma, anhelante de contar con una conducción clara y sincera, que permita unir esfuerzos nacionales e internacionales para presionar una solución democrática. Eso es lo que espera Venezuela y eso va a ser una realidad.

Gobernador Electo del Estado Zulia

Juanpguanipa@gmail.com

@JuanPGuanipa

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